Ley de Radiodifusión

Más allá de la radiodifusión La libertad de expresión es algo demasiado serio para dejarlo en manos de los medios y del Gobierno 750) this.width=750" border=0> "La libertad de expresión es algo demasiado serio para dejarlo en manos de los medios y del Gobierno. Tampoco se resuelve la cuestión con una “nueva ley de radiodifusión”, como se viene machacando en estos días, a partir de la guerra gaucha (y guacha) que puso sobre el tapete la bronca entre la Rosada y Clarín. El tema de la libertad de expresión, en un país donde desaparecieron más de cien periodistas y donde desaparecieron más de treinta mil ciudadanos sin que los medios de la época registraran el fenómeno, debería ser asumido por el conjunto de la sociedad o al menos por sus sectores más lúcidos y comprometidos con la construcción de una verdadera democracia. Lo que falta –una vez más– es un proyecto estratégico de “comunicación social” que vaya más allá del limitado y anacrónico concepto de “radiodifusión”, que a los más veteranos parece remitirnos a los Pérez García y el Glostora Tango Club. Lo único bueno, hasta el momento, es que el tema –por las razones que sea– empieza a ser discutido en el ágora, como nunca antes en el cuarto de siglo que sucedió a la dictadura. Calificadas opiniones de expertos en comunicaciones, o excelentes investigaciones periodísticas como las publicadas en Crítica de la Argentina por Damián Glanz, iluminan los aspectos menos conocidos de la cuestión, como los tecnológicos (el cercano fin del sistema analógico y la sustitución por el digital), que podrían abrir una ventana a la pluralidad o sellar aún más un sistema cerrado, proclive a la concentración monopólica. Y, por lo tanto, al discurso único. ¿Qué pretende el actual gobierno en realidad? Una pregunta clave que admite algunas infidencias por parte del autor de esta nota, al que los medios insisten en etiquetar como “diputado kirchnerista”. Debo confesar que he discutido sobre estas cuestiones (en privado) con Néstor Kirchner. Varias veces. Las primeras, tensas charlas, fueron acerca del papel que debía jugar Canal 7, en el que mi compañera Ana de Skalon ejercía la dirección periodística, en un sistema bifronte, confrontativo, con la gerencia artística a cargo de Leonardo Bechini. Ambos tenían concepciones diametralmente opuestas acerca de lo que debe ser un canal estatal: en tanto Ana, que venía de trabajar en Channel Four de Londres, pretendía un vehículo para la información y la formación de los televidentes, Bechini compraba material enlatado, difundía programas de su autoría y pretendía llenar la grilla de Morias Casanes y otros engendros similares. También había diferencias en la manera de trasladarse: en tanto Ana usaba un Gol que parecía de los tiempos de Pancho Villa, Bechini estacionaba en el canal una suntuosa Cherokee 4x4. Por encima de ambos navegaba un burócrata grisáceo, el interventor del Sistema Nacional de Medios Públicos, Ricardo Palacios, que en realidad compartía la visión (por así llamarla) de Bechini. En agosto de 2004, en el despacho presidencial, le expresé a Kirchner mi total desacuerdo con la prórroga de las licencias a canales y radios por diez años. Me dijo entonces algo por lo que algunos veníamos luchando en el Parlamento sin las menores probabilidades de éxito: “Hay que cambiar la Ley de Radiodifusión”. En 2006, en mi carácter de diputado nacional, le hice llegar una pregunta al jefe de Gabinete Alberto Fernández para que corroborase o desmintiera versiones acerca de una posible modificación de la Ley de Radiodifusión. La respuesta fue categórica: “El Poder Ejecutivo no tiene un proyecto de modificación integral de la Ley 22.285, de Radiodifusión”. En 2004, un gran especialista en estos temas, el prestigioso abogado cordobés Miguel Julio Rodríguez Villafañe, me había sugerido una estrategia que me pareció correcta: en pasos sucesivos previos a la reforma total, ir podándole a la ley de la dictadura algunos de sus artículos más anacrónicos e irritantes. Como el 96, que ordena integrar el directorio del Comfer (Comité Federal de Radiodifusión) con tres representantes de las Fuerzas Armadas. Una burrada dictatorial que sigue vigente y determina que al no poder cumplirse la ley, el funcionario a cargo del Comfer tenga que ser “interventor” y no “director” o “presidente del directorio” de un organismo que debe ser necesariamente autárquico. En 2004 logramos que un proyecto de mi autoría, que sustituía el artículo 96, fuera votado positivamente por la Cámara de Diputados. Pero esta media sanción fue prolijamente acostada en el Senado, obligándome a representar la iniciativa el 12 de marzo de este año (expediente 555-D-2008). Algo similar ocurrió con el famoso artículo 45, que viola directamente el principio de igualdad ante la ley y ha sido reiteradamente considerado inconstitucional por diversos tribunales, incluyendo la Corte Suprema. Ese artículo, para decirlo en forma llana, determina que las personas jurídicas sin fines de lucro (como pueden ser cooperativas, mutuales, sindicatos, asociaciones vecinales, etc.) no pueden ser propietarios de medios radiales o televisivos. En cambio las sociedades anónimas pueden acceder sin mayores problemas a las licencias. Lo cual produce situaciones absurdas, como ésta: en tanto un banquero, como Raúl Moneta, acusado judicialmente de haber quebrado dolosamente el Banco de Mendoza, podía ser accionista de Canal 9, cooperativas que prestan otros servicios públicos, como la de Santa Rosa (La Pampa) u Oberá (Misiones) no podían poseer una cablera. También en 2004, una tibia reforma del 45 tuvo sus idas y vueltas entre Diputados y el Senado y quedó tan oscuramente redactada que sigue sometiendo a las cooperativas de servicios públicos a una supervisión discrecional del Comfer en los casos en que ya hubiera cableras preexistentes en el lugar donde se solicita el nuevo permiso, lo que les niega de facto el derecho que teóricamente la ley reformada les concede. Expresé mi disidencia por escrito, por considerar que era una reforma gatopardesca. Como era de prever, las cooperativas de servicios públicos siguieron reclamando ante los tribunales y hubo nuevos fallos declarando que la “inconstitucionalidad” se mantiene. Este dato puede parecer menor, pero es decisivo. Allí está el núcleo más perverso de la ley en cuestión: la imposibilidad de que nuevos actores sociales ingresen al mundo de la comunicación. Y en la Argentina, como ya lo han dicho varios académicos independientes, hacen falta más voces. No se trata de censurar, sino de ampliar el espectro. Con medios públicos gestionados por el Estado (y no por el gobierno), medios públicos concesionados a privados y medios públicos concesionados al sector social de la economía. Queda mucho más para decir y ya lo iremos diciendo. Desde esta columna y también desde el Congreso." Por Miguel Bonasso para Critica de la Argentina.